Son delitos contra el patrimonio aquellos destinados a menoscabar los bienes y derechos de un particular, persona jurídica o institución pública, con ánimo de lucro, ya sea propio o en beneficio de un tercero.

Son delitos contra el orden socioeconómicos aquellos cuyas consecuencias lesionan intereses globales o colectivas de la vida económica de un Estado.

Mientras que los delitos patrimoniales están previstos para tutelar un bien jurídico individual, los delitos económicos afectan al ámbito económico en general, a un bien jurídico colectivo.